Abstract

Argentina fue el primer país del mundo en establecer que los organismos que resulten de nuevas técnicas de edición genética (GE, en sus siglas en inglés) no estarán alcanzados por la normativa para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), siempre y cuando una primera evaluación concluya que no incluye ADN de otra especie. Esto es relevante porque las evaluaciones para comercializar un OGM son tan extensas y costosas que solo son accesibles para unas pocas empresas multinacionales, que monopolizan la innovación fundamental, las licencias y los productos derivados. Esta simplificación regulatoria coincide con el descubrimiento de técnicas como CRISPR-Cas9, mucho más baratas y simples que las previas, y con potencial para desarrollarse con reducidos presupuestos de investigación. Este trabajo indaga cómo el Estado argentino utiliza la legislación sobre biotecnología para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), indagando en los límites y posibilidades de esta estrategia. Para ello se basa en la legislación y las políticas públicas competentes; observaciones en reuniones y conferencias biotecnológicas; y en entrevistas semi-estructuradas realizadas durante 2019 a científicos y empresarios que trabajaban con CRISPR. Así, encuentra que la legislación opera como fomento para los desarrollos locales, pero las ventajas que ofrecen las nuevas técnicas de edición genética dependen de una serie de acciones y estrategias geopolíticas. Entendiendo por regulación al conjunto de acciones y omisiones de los actores interesados, a escala mundial y con intereses contrapuestos, la investigación concluye que es esta regulación geopolítica la que condiciona la innovación biotecnológica en Argentina. Así, la posibilidad de aprovechar esa “ventana de oportunidad” que habilitan las nuevas técnicas descansa en una serie de variables que configuran nuevas relaciones de interdependencia global.