Abstract

La humanidad ya dispone de vacunas eficaces contra el COVID‐19. En Perú se administraron 86 millones de dosis para cubrir la demanda de 33 millones de peruanos. Para ello, se ha priorizado la vacunación en grupos clave: personal de salud, sujetos con condiciones de salud preexistentes y mayores de 65 años. Sin embargo, dada la problemática social y la situación de la salud pública en Perú, este trabajo defiende que la prioridad de la vacunación debe centrarse en la población que vive en extrema pobreza. El método utilizado fue una argumentación ética sobre la distribución de la vacuna contra el COVID‐19 en Perú. Esta argumentación se basa en el análisis de la población peruana que vive en extrema pobreza, la cual presenta diferentes estratos de vulnerabilidad, y que, ante una eventual infección por SARS‐CoV‐2, se irían agravando uno tras otro, a través de un efecto en cascada. Este escenario daría lugar a nuevas vulnerabilidades de las ya existentes, causando mayores daños. Los esfuerzos de vacunación en esta población clave les brindaría oportunidad de seguir encontrando formas de llevar alimentos a sus hogares, reduciendo significativamente el riesgo de contagio en su entorno y mitigando el efecto devastador de las enfermedades locales a las que ya está expuesta. Se plantean cuatro objeciones relacionadas con este argumento, con sus correspondientes respuestas. El acceso prioritario a la vacuna reduciría significativamente el daño a las personas que viven en la extrema pobreza, haciendo prevalecer los principios de justicia y equidad.